Ante la decisión proferida por el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de Control de Garantías de Santa Marta – Magdalena, en audiencia de Restablecimiento del Derecho, dentro del proceso penal seguido contra los doctores Olga Diva Valencia, Orlando Gallo Suárez y Aura Rocío Espinosa, en calidad de indiciados por el presunto punible de Prevaricato por Acción, Falsedad Ideológica en Documento Público y Concierto para Delinquir, el Alcalde Distrital de Santa Marta, en rueda de prensa, ratificó su decisión de continuar la defensa jurídica de Pozos Colorados, para que se ratifique que estos predios son de la ciudad.
El mandatario de los samarios recordó que el 11 de noviembre de 2009 el Consejo de Estado declaró la propiedad del Distrito en estos predios, denegando las pretensiones de la Corporación Nacional de Turismo y materializó la titularidad o propiedad del Distrito sobre este bien fiscal.
El alcalde Rafael Martínez explicó que este último fallo del 30 de enero 2019, del juez Sexto Penal Municipal, solo estipula la suspensión de la titularidad del Distrito frente al bien, lo que hace que este lote siga siendo de los samarios, mientras se resuelve la situación. “El lote siguen siendo del Distrito de Santa Marta. Vamos a hacer el levantamiento topográfico de este bien y su respectivo cerramiento y decretar el estatus quos que impida que particulares aprovechando esta incertidumbre, vayan a invadir o seguir apropiándose de bienes que son de todos”, precisó.
Asimismo, el alcalde indicó que desde la Oficina Jurídica de la Alcaldía ya se interpuso un recurso de apelación. “Yo quiero decirles a los samarios, que tal, como lo que hemos hecho en todas nuestras actuaciones, guardando siempre el debido proceso y el respeto a las normas e instituciones, vamos a agotar todas las instancias que permita el proceso jurídico para que al final los samarios podamos contar con este predio.
Además, “este lote está dentro del Plan de 500 Años, dado que allí tendremos dos proyectos: el museo etnográfico y un Centro de Convenciones. Estamos hablando de 33 hectáreas que son de toda la ciudad”, dijo el alcalde Martínez.
Con respecto a todo el proceso del lote, el alcalde Martínez explicó: “El 11 de noviembre de 2009 el Consejo de Estado falló denegando las pretensiones de la Corporación Nacional de Turismo y, por lo tanto, declaró la legalidad del acto administrativo de extinción de dominio y se materializó la titularidad o propiedad del Distrito sobre el bien fiscal que en un momento detentó la corporación. Frente a eso, la sociedad Cerro Blanco, que nunca hizo parte del proceso, extrañamente desde hace muchos años ha impetrado y ha adelantado toda una serie de maniobras tendientes a torpedear la detentación del Distrito sobre los predios, pese a que está revestida de legalidad”.
Continuó diciendo: “Luego de la sentencia de 2009 Cerro Blanco, cuyo representante es Máximo Campo Diazgranados, procedió a formular una denuncia penal contra el director de Registro y la registradora Aura Espinosa en el año 2010 por prevaricato y fraude procesal. Desde el 2018, vienen citando a audiencia preliminar de restablecimiento de derecho que es una figura del derecho penal, por medio de la cual Cerro Blanco persiguió la cancelación de las anotaciones incluyendo el número 11que consagra la propiedad del Distrito por unas presuntas inscripciones fraudulentas”.
Sobre la decisión del juzgado, el mandatario local manifestó: “El juzgado desconoció que el Consejo de Estado único estamento competente para analizar los actos administrativos declaró la legalidad del acto de extinción de dominio. Este además no tuvo en cuenta que en toda la intervención Cerro Blanco nunca demostró que la propiedad fuera suya; sin embargo, en su decisión invoca el derecho de propiedad que no acreditó y que en cambio la Alcaldía si lo hizo, posición reforzada por la Superintendencia de Notariado y Registro”.
Finalmente, el alcalde Rafael Martínez argumentó que: “Otro tema trascendental, es que a pesar de decirle al juzgado que existen proyectos en esos predios para los 500 Años, hizo caso omiso, ignorando que el interés general prevalece al particular”.
Boletín No 0091 de 2019
